Un año del rescate a BFA-Bankia: datos del mayor escándalo financiero español de la historia

• Se cumple un año de la llegada de José Ignacio Goirigolzarri a Bankia y bajo su presidencia se pidió una inyección pública de 22.000 millones de euros.
• Desde entonces, el banco y 33 de sus exconsejeros han sido llevados ante la Audiencia Nacional como presuntos autores de delitos societarios.
• La petición del rescate ha supuesto pérdidas millonarias para cientos de miles de accionistas y dueños de preferentes y deuda subordinada.

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Hace justo un año, el exdirectivo de BBVA José Ignacio Goirigolzarri asumía la presidencia de BFA-Bankia (a propuesta de su predecesor, Rodrigo Rato), entidad sumida entonces en una crisis sin precedentes en el sistema financiero español: la negativa de la auditora Deloitte de aprobar las cuentas relativas a 2011 supuso una fuerte caída bursátil de la entidad, que apenas llevaba un año cotizando. A pesar de que Rato luchaba por presentar un plan que saneara la entidad sin ser nacionalizada, la imposibilidad de presentar un plan creíble para las autoridades supuso su renuncia.
En apenas un año, la acción de Bankia pasó de 3,75 euros a no valer nada La llegada de Goirigolzarri fue con condiciones y supuso la inmediata petición de un rescate financiero que acabó suponiendo la toma de control total en el accionariado por parte del Estado. La necesidad de conseguir una cantidad sin precedentes en el sistema financiero español (se suman las recapitalizaciones de Banco de Valencia, Novagalicia y Catalunyacaixa) obligó al Gobierno a solicitar su propio rescate a los socios europeos, lo que desembocó en la firma de un memorando de entendimiento con exigencias y ajustes económicos para España en su conjunto.
Los más de 22.000 millones de euros públicos inyectados en BFA-Bankia (a los que se suman otros 120.000 millones en avales y otras medidas de financiación) han ocasionado pérdidas millonarias en cientos de miles de pequeños ahorradores. Y es que la normativa europea exige que las ayudas públicas impongan pérdidas a los accionistas y a los dueños de "productos híbridos" como las participaciones preferentes y la deuda subordinada. Por si fuera poco el "descuento", los inversores recibirán el pago en acciones, las cuales han sido agrupadas para poder bajar más aún en su precio.
En apenas un año, una entidad que salió a Bolsa con un precio por acción de 3,75 euros pasó a tener una valoración negativa. ¿Cómo ha sido posible este quebranto patrimonial? ¿Por qué las autoridades permitieron esta salida a Bolsa? ¿Engañaron en sus cuentas los antiguos gestores de Bankia? ¿Por qué nadie advirtió que esto ocurriría?

Se abren los frentes judiciales

El proceso judicial abierto en la Audiencia Nacional ha desvelado numerosas irregularidades en las antiguas cajas Ante la avalancha de preguntas y la falta de reacción por parte de Fiscalía, varias entidades abrieron diversos frentes judiciales. El primero, promovido por UPyD, supuso la apertura de una querella en la Audiencia Nacional contra la antigua cúpula del banco y su matriz, BFA. Pocos días después se unirían las querellas del movimiento 15MpaRato y de colectivos de usuarios de banca como Adicae. El juez Fernando Andreu ha sido el instructor de esta causa, en la que los últimos testigos en declarar serán los tres grandes banqueros españoles: Emilio Botín, Isidro Fainé y Francisco González.
El proceso judicial, paralelo a la reestructuración y recapitalización de la entidad en manos del FROB, ha desvelado ya numerosas irregularidades registradas en las entidades que vieron nacer a Bankia. Así, se ha constatado con informes del Banco de España que la comercialización de participaciones preferentes fue "deficiente", y que los directivos de las cajas que la formaron se embolsaron más de 133 millones de euros en sueldos entre 2007 y 2011, mientras alertaban de que la solvencia de las mismas se deterioraba constantemente.
Pese a la cantidad de irregularidades detectadas durantes estos meses, la causa se centra en el momento de la salida a Bolsa y el presunto falseamiento de las cuentas en ese momento. Informes presentados por asociaciones como Adicae creen demostrar que las pérdidas se ocultaron a mala fé. Aún así, dos peritos designados por el Banco de España deberán decidir si hubo fraude o irregularidades contables.

Nadie se hace responsable

Los nuevos gestores luchan por limpiar la imagen del banco, y han anunciado una inversión de 45.000 millones en la economía productiva Junto al plano financiero-contable, la trama política ha ido complicándose a medida que ha avanzado el proceso judicial. Y es que las rondas de declaraciones de imputados y testigos han pretendido explicar que nadie ha sido responsable del mayor agujero financiero de la historia en España. Mientras el exgobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, se justificó alegando que había sido apartado por el Gobierno y perdió el control de la situación, el propio ministro de Economía, Luis de Guindos, ha declarado que apenas actuó como consejero durante la crisis provocada a raíz de un duro informe del FMI de abril de 2012.
Tampoco la CNMV, responsable de aprobar los folletos de salida a Bolsa de Bankia, ha aceptado mayores responsabilidades, ya que (según su expresidente, Julio Segura) no tenía competencias sobre si había información falsa o falsedad en datos. ¿Responsabilidad pues de la auditora Deloitte? No, según la versión de su representante Francisco Celma, quien afirmó en sede judicial que ya había expresado en su momento sus dudas acerca de la viabilidad de la entidad. Esta versión no fue refutada por los exconsejeros, que sistemáticamente han acusado al auditor de no haberles prevenido. Un consejo, que por otro lado, reconoció no estar capacitado para descubrir posibles irregularidades.
Desde entonces, han sido constantes las informaciones que han ido desvelando malas prácticas en Bankia y las cajas que la formaron: Desde 4.500 despidos de empleados de toda España, pasando por contratos de preferentes firmados a clientes incapacitados hasta denuncias por contratos en los que presuntamente se habrían alterado las fechas. Mientras, los nuevos gestores luchan por mejorar y limpiar la imagen de la compañía: han vuelto a presentar beneficios en el primer trimestre de 2013 y han prometido invertir más de 45.000 millones de euros en la economía productiva.